Defensores universitarios: Los impagos de matrícula han crecido muchísimo

Jesús Lozano. Madrid, EFE.

El impago de matrículas, que ha subido "muchísimo" estos años, y el "desconcierto" de la política de becas han repercutido en el abandono de los estudios, asegura el nuevo presidente de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), José Manuel Palazón, en una entrevista con Efe.

Elegido en el XVIII Encuentro Estatal de defensores, organizado recientemente por la Universidad Europea de Madrid, este profesor de Química Inorgánica de la Universidad de Murcia pide un replanteamiento de los trabajos de fin de carrera y urge una ley que sustituya al régimen disciplinario universitario de 1954 y un estatuto del personal docente e investigador.

P: ¿Cuáles son sus proyectos?

R: Uno de los objetivos es las relaciones institucionales tanto con la Conferencia de Rectores como con el Ministerio de Educación, pues no existen, al contrario que con la Defensora del Pueblo.

Con el Ministerio deberíamos tener una interlocución para, por lo menos, advertir de lo que nosotros observemos que puede dificultar el derecho a la educación como la política de becas.

Además, España es pionera en defensores universitarios, obligatorios por ley. En colaboración con la red mexicana, que es potente, podemos impulsar esta figura en toda Iberoamérica.

P: ¿Qué asuntos trataron en la última reunión de defensores?

R: Por ejemplo, sería interesante trabajar en un código ético de comportamiento general universitario en docencia, formación, investigación... El profesor de Filosofía Emilio Martínez Navarro está preparando el de la Universidad de Murcia.

También hablamos del derecho de petición, para que la dirección de las universidades responda y no opte por el silencio administrativo.

Y de la falta de una norma actualizada de convivencia universitaria y de los problemas que generan los trabajos de fin de grado y máster.

P: ¿Problemas?

R: Los trabajos están planteados en el decreto de ordenación de enseñanzas universitarias, pero luego hay tantas regulaciones como universidades o, incluso, centros. Hay algunos conflictos.

P: Como...

R: Relacionados con el derecho de revisión, pues un tutor dirige el trabajo y un tribunal lo evalúa; o con la duración, tal vez tendría que ser diferente según los estudios.

Además, problemas con la autoría. Hay quien se niega a que se publique el trabajo o se queja de que se haga sin su consentimiento.

R: ¿Convendría una norma estatal que unifique criterios?

R: Tengo dudas, deberíamos generar un debate intrauniversitario. Sería interesante contar con unos criterios generales por ramas de conocimiento o titulaciones. No es lo mismo una ingeniería que una carrera de Humanidades.

P: Hablaba de las normas de convivencia y régimen disciplinario.

R: En el caso del personal funcionario, está regulado por el estatuto básico del empleado público, pero tenemos un problema muy serio con los estudiantes. El régimen disciplinario es un decreto del 8 de septiembre de 1954, muy lejos de los principios constitucionales.

Vamos a dirigirnos a los partidos y al Ministerio para que se comprometan a una ley sobre este asunto, una previsión del estatuto del estudiante universitario de 2010.

P: ¿Cómo se apañan las universidades?

R: Es una papeleta porque está en vigor y solo se puede modificar legalmente, aunque muchos preceptos se entienden anulados por inconstitucionales. Se aplica, me imagino, con un criterio amplio, intentando poner sanciones, por lo menos en mi universidad, que no sean la expulsión o de este tipo, sino educativas.

P: Tampoco hay estatuto del personal docente o investigador.

R: Es algo necesario y urgente que también habría que exigirle al Ministerio. Había una obligación de regular la carrera profesional al año de que se aprobara la ley de reforma universitaria de 2007. Hay un vacío importante.

P: ¿Qué quejas son las más habituales entre los estudiantes?

R: Depende de cada universidad. En general, la mayor parte son sobre problemas de evaluación, las becas, las anulaciones de matrícula por impago y mucha gente que tiene que abandonar.

P: ¿Han crecido los impagos con la crisis?

R: Muchísimo. Ya en 2013 tocamos este tema. Criticábamos que la política de becas, sobre todo con el anterior ministro (José Ignacio Wert), fuera muy cambiante, cuando debe ser muy estable para saber a qué atenerse para mantener la beca.

Hubo varios cambios en poco tiempo y eso creaba desconcierto. Había alumnos que, al endurecerse los requisitos, ya no podían tener beca, y esto te puede excluir de los estudios.

Otro problema es la devolución del importe cuando no se apruebe al menos la mitad de los créditos matriculados. Pero esto puede deberse a circunstancias ajenas a la voluntad del estudiante.

También ha influido el aumento del precio de las tasas, muy fuerte sobre todo en las segundas y terceras matrículas, que hace muy difícil seguir estudiando.

P: ¿Qué hacen los defensores en estos casos?

R: Buscamos soluciones con la universidad como un aplazamiento, facilidades de pago. Cuando son causas sobrevenidas graves, se pide que se anule la matrícula, como enfermedad, fallecimiento de los padres... hay que ser flexible. Frente a la burocracia intentamos poner un poco de sentido común, de humanidad.

P: ¿Y las inquietudes del profesorado?

R: Últimamente, sobre la norma ministerial de 2012 que obliga a aumentar la docencia hasta 32 créditos si la actividad investigadora ha sido mínima, sin habérselo advertido previamente.

También, por la paralización de la carrera profesional debido a la limitación de la tasa de reposición.

P: ¿Cómo actúa el defensor, en general?

R: Atiende a estudiantes, personal docente y de administración y servicios. No tiene capacidad ejecutiva, sino autoridad moral y puede emitir recomendaciones.

Si detectamos que la aplicación de una norma puede resultar injusta, planteamos que se haga una excepción o se modifique, sobre todo las de la propia universidad.

Cuando hay conflicto entre personas, podemos mediar con una propuesta de conciliación; en otros casos, intermediamos para evitar llegar al recurso contencioso.

En principio, actuamos dentro de la universidad, pero podemos dirigirnos a otras instancias si tienen la solución.

Fuente: eldia.es

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